Un viejo reclamo de empresarios, industriales y productores agropecuarios, entre otros sectores económicos, puede encontrar respuestas oficiales dentro de dos meses: la devolución de saldos generados por retenciones en el impuesto sobre los Ingresos Brutos. Lo admitió a LA GACETA el ministro de Economía, Eduardo Garvich, al mencionar que se ha conformado una comisión de estudio que presentará una propuesta para luego exponerla a las principales entidades intermedias de la provincia.

Durante la reunión trimestral de ese ministerio, los funcionarios comenzaron el análisis de este tema, además de agilizar el mecanismo para otorgar los certificados de cumplimiento fiscal. “Al asumir la actual conducción de la Dirección General de Rentas, hemos fijado tres pautas de acción: sostener la recaudación de impuestos, combatir la evasión y mejorar las relaciones con los empleados y con los contribuyentes”, indicó Garvich. En ese último aspecto se inscriben los cambios al sistema de devolución de Ingresos Brutos.

La comisión que analiza ese proceso está conformada por técnicos de Rentas, de la Contaduría, de la Tesorería y de la Secretaría de Obras Públicas. “Hay voluntad de cambiarlo, porque si la gente se queja es que hay un problema que hay que solucionar”, agregó el titular de Economía. No obstante, admitió que también hay que accionar contra aquellos contratistas y proveedores que no se inscriben en el organismo recaudador, por mencionar uno de los casos a regularizar.

La Sociedad Rural de Tucumán había planteado la cuestión en reiteradas oportunidades. Sus autoridades recoradron que, al menos, tres regímenes están vigentes y que necesitan más claridad. Uno de ellos es la de las percepciones aplicadas a las compras de insumos y también en las cuentas bancarias. Al quedar saldos a favor, el contribuyente puede pedir la exclusión del régimen de retenciones; el siguiente paso es la compensación, explicaron desde la entidad ruralista. Cuando se elige esta última vía, inmediatamente se origina una fiscalización. Los productores dicen que no se oponen a ese proceso, pero advierten que la compensación con otros impuestos se demora y se produce un descalce financiero, al tratarse de producciones estacionales. La idea sugerida es que la compensación vaya a tono con la fiscalización.

Casi en la misma línea se inscribe el planteo formulado por el resto de los empresarios. Según el tesorero del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán y asesor impositivo de la Federación Económica (FET), Agustín Zeppa, “la gran cantidad de problemas que se ha generado por el abuso de regímenes de pago a cuenta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos determina que el sistema en su conjunto sea contrario a la seguridad jurídica y carente de razonabilidad”.

A su criterio, ante la proliferación de aquellos sistemas, debieran ser eliminados o morigerados los regímenes de recaudación sobre acreditaciones bancarias y percepción en aduana. Eso debería ser extensible a los regímenes de percepción en general, por lo que entendemos que también debieran ser suprimidos o reanalizados.

“A los fines de dotar de una razonabilidad, acorde con las directivas emanadas de nuestra Carta Magna, debiera propenderse a la unificación de los regímenes de retención provinciales en un solo régimen bajo la órbita de la Comisión Arbitral, regulando alícuotas mínimas de tal suerte que lo ingresado sea realmente un “pago a cuenta””, puntualiza el experto a LA GACETA.

Zeppa expone que, tan pronto como cualquier sujeto pasible exteriorizara en su Declaración Jurada mensual un saldo a favor, debiera ser excluido del referido régimen en forma inmediata, sin dilación ni trámite alguno al mes siguiente de expuesto aquel saldo.